Como lo señaló el senador Ricardo Anaya, la elección al
Poder Judicial no fue otra cosa que "una marranada", en donde se
privilegiaron los compromisos partidistas por encima del mérito realmente
democrático y la preparación: los beneficiados fueron los afines de Morena y de
la cúpula gubernamental.
Un ejemplo claro es el caso de Stefany Pérez Bustamante,
quien resultó electa como jueza de distrito en especialidad mixta. Al ser
cuestionada por la prensa sobre su experiencia, ella misma reconoció no contar
con carrera judicial.
¿Cómo es posible que una persona sin esa trayectoria
llegue a ocupar un cargo que tiene que ejercerse con responsabilidad?
Su única justificación tan absurda, fue que “tiene
experiencia en temas jurisdiccionales”. ¿Realmente eso basta? En un sistema
donde se debería priorizar la trayectoria, la formación y la experiencia,
parece que lo único que se prioriza es ser cercanos al poder.
Pero no es la única. Fernando Rodrigo López Torres, aun
secretario parlamentario del Congreso del Estado, fue premiado con una
magistratura federal de circuito. No por su capacidad, sino por el respaldo de
Marcela González Castillo, presidenta estatal de Morena, quien también palomeó
a otros más como a Yair Castillo Pérez, joven salido de las filas del morenismo
y que ahora se convirtió en un flamante juez electo en materia penal de
distrito.
Yair no cuenta con una carrera profesional en el ámbito
judicial, pues apenas ha sido subdirector en dos planteles del Colegio de
Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat) y director de vinculación en la
Universidad Politécnica de Tlaxcala. El joven morenista no tiene la calidad
moral para ocupar un puesto como juez.
La lista de los bendecidos desde el poder no termina ahí.
También está Alfredo Pérez Águila, quien fue el chofer desde 2016 de Lorena
Cuéllar Cisneros, y que ahora, como si nada, es juez virtual del sistema
tradicional penal y especializado en justicia para adolescentes. Que un
exchofer asuma esta responsabilidad no solo es una ofensa para quienes sí han
dedicado años a formarse en el ámbito judicial.
Otro más es Ricardo Rodolfo Trejo Ortiz, sobrino de los
amos, dueños y señores de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) quien fue elegido
por los acuerdos políticos como Magistrado Penal del Tribunal Superior de
Justicia. Lo cierto, es que aquí no importa que tengas conocimientos, lo que
importa es a quién conozcas.
Las designaciones de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, evidencian el autoritarismo que vive hoy en día la política mexicana, solo que el poder lo disfraza como una elección donde una vez más, el pueblo bueno y sabio, "ejerció su voto libre".
Carta Abierta
Nos cuentan que en la delegación estatal del Infonavit
las cosas no pintan nada bien. Una auditoría reciente la puso de cabeza. Los
nuevos trabajadores del instituto, llenos de prepotencia y sin compromiso con
la gente, provocan que la oficina de atención de la capital tlaxcalteca apenas
logre entregar poco más de ocho créditos al mes, mientras que en Apizaco, se
reporten poco más de cincuenta.
Resulta evidente que el problema no es la demanda de
créditos, sino la incapacidad de la nueva burocracia que llegó a tomar el lugar
de quienes heredaron sus plazas. Ellos son los culpables de que los créditos no
sean aprobados a los derechohabientes.
La situación es aún más absurda porque la titular de la
delegación del Infonavit Tlaxcala, Alejandra Ramírez Ortiz, parece estar atada
de manos, así como tenían al ex titular, Vicente Corral. Aunque a su escritorio
llegan las quejas de derechohabientes, no puede mover un dedo, ya que, los
trabajadores están blindados por su sindicato. Mientras tanto, Ramírez Ortiz no
le quedará de otras más que cargar con las supervisiones de las auditorías y
simular que trabaja, sin castigar a los verdaderos responsables.
Así las cosas, en el Infonavit Tlaxcala