Enigma Diario y Entre Líneas Tlaxcala
La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) ejerció más de 27 millones de pesos en la segunda etapa de construcción del edificio EDUCA-UATx, pese a que el contrato original contemplaba un monto de 19.9 millones; sin embargo, el sobrecosto no es el único hallazgo. El Órgano de Fiscalización Superior (OFS) detectó que 6.2 millones de pesos de ese gasto no cuentan con documentación técnica que demuestre que la obra fue efectivamente realizada.
De acuerdo con la auditoría de obra pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024, el contrato UATx-FAM-05-2024, firmado el 23 de abril de ese año y con fecha de término prevista para el 20 de diciembre, presenta múltiples irregularidades administrativas y técnicas que comprometen la transparencia en el uso del recurso público.
En la revisión técnica del 13 de marzo de 2025, el OFS detectó que las estimaciones de obra 1 y 2 —por un total de 6 millones 258 mil 804.66 pesos— carecen de evidencia documental como facturas, transferencias bancarias, números generadores, planos u oficios de autorización. Estas observaciones se sustentan en las pólizas E12LCR0212 (del 6 de diciembre de 2024) y E12LCR0536 (del 23 de diciembre de 2024), por 2.7 y 3.5 millones respectivamente.
A pesar de que el órgano fiscalizador emitió el oficio DAEF/162/2025 solicitando la documentación, la universidad no entregó pruebas suficientes que acreditarán que esos trabajos se ejecutaron conforme a lo reportado.
La falta de sustento técnico no solo impide verificar si los pagos realizados corresponden a trabajos reales, sino que también pone en duda la adecuada aplicación del recurso público, contraviniendo el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como los artículos 58, 59, 60 y 78 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala y el artículo 302 del Código Financiero local.
Más allá de los pagos sin sustento, la ejecución de la obra también incurrió en incumplimientos normativos en materia de supervisión y control. En los documentos de auditoría se advierte que, al momento de la visita, no se había designado formalmente a un residente de obra, figura clave para supervisar, validar y autorizar estimaciones de pago.
La ausencia de supervisión técnica fue calificada por el OFS como un incumplimiento del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala, que establece que el ente público debe nombrar a un servidor público responsable de vigilar y aprobar los trabajos contratados. También se incumplieron cláusulas contractuales específicas —como la séptima y la décima— que obligan a la UATx a designar a un equipo que valide los avances y documente el proceso constructivo.
Por si fuera poco, el Director Responsable de Obra (DRO), Ing. Héctor Raúl Zavala Echeverría, no se presentó en sitio durante las visitas de supervisión. Tampoco se integró el libro de bitácora requerido por ley, lo que impide dejar constancia de los avances, incidencias, materiales y fechas clave del proyecto.
Estas omisiones son contrarias al artículo 43 de la misma ley, que establece que el DRO debe dirigir y vigilar diariamente la ejecución de las obras, mantener el control documental obligatorio, y garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable.
El proyecto en cuestión fue adjudicado mediante licitación pública a la empresa Corporación HAE y Abastecedora S.A. de C.V., representada por Judith Águila Rodríguez. El avance físico reportado al momento de la revisión era del 90 por ciento, pero la falta de evidencia genera incertidumbre sobre si dicho porcentaje corresponde a una ejecución real o simulada.
Lo más grave no es solo el rebase de 7.5 millones respecto al contrato original, sino que más de 6.2 millones fueron pagados sin sustento documental. La combinación de sobreprecio, opacidad y falta de control técnico muestra un patrón de ejecución que vulnera la rendición de cuentas y pone en entredicho la correcta administración del gasto universitario.
A pesar de los señalamientos del OFS, la Universidad Autónoma de Tlaxcala no ha informado públicamente si ya solventó las observaciones, si revisó los pagos realizados, ni si ha iniciado algún procedimiento contra la empresa contratista, Corporación HAE y Abastecedora S.A. de C.V., representada por Judith Águila Rodríguez.
Tampoco se ha aclarado por qué el monto ejercido rebasó en más del 37 por ciento el importe original del contrato, ni qué trabajos adicionales lo justificaron. Esta falta de transparencia mantiene en duda el uso de recursos públicos en una de las obras más emblemáticas de la actual administración universitaria.
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