Por Aldo Romero y Cristian Flores
Entre el último cuatrimestre de 2024, el Ayuntamiento de Huamantla, encabezado por Salvador Santos Cedillo, destinó 11 millones 479 mil 415.47 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) al pago de nóminas y prestaciones de 138 elementos de Seguridad Pública, sin contar con evidencia documental que demuestre que dichos servidores públicos aprobaron los exámenes de control y confianza, requisito obligatorio para ingresar y permanecer en las instituciones policiales del país.
De acuerdo con la revisión realizada por el Órgano de Fiscalización Superior, el Gobierno municipal incumplió lo establecido por el artículo 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el artículo 118 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y diversas disposiciones de transparencia pública. El personal contratado debía contar con el Certificado Único Policial (CUP), el cual sólo se obtiene tras acreditar los procedimientos de evaluación psicológica, médica, toxicológica, patrimonial y de entorno social.
Sin embargo, cuando la entidad fiscalizadora solicitó mediante el requerimiento 10/2024 del 19 de febrero de 2025 la copia certificada de dichos certificados, el Ayuntamiento respondió mediante oficios DSPTPC-201-2025 y DSPTPC-0165-2024, negándose a entregar la información bajo el argumento de que era de carácter “reservado y confidencial”.
Esta postura fue considerada improcedente, dado que las evaluaciones de control de confianza son requisitos legales que deben estar integrados en los expedientes individuales de cada elemento, mismos que están sujetos a revisión por parte de órganos de control y fiscalización al tratarse de recursos públicos federalizados.
El ente auditor determinó que el municipio de Huamantla contrató, pagó y mantuvo en funciones a personal no certificado y, en algunos casos, ni siquiera registrado para su evaluación, lo que representa un incumplimiento del convenio con la Federación sobre el uso del FORTAMUN, fondo que debe destinarse exclusivamente al fortalecimiento de la seguridad pública municipal.
Las observaciones concluyen que la administración municipal incurrió en violaciones al marco normativo, dando vista a las autoridades competentes para el deslinde de responsabilidades administrativas por el uso de recursos federales sin justificación legal.
