Por Cristian Flores y Aldo Romero
Un audio filtrado, con duración de 24 minutos, exhibió que Homero Meneses Hernández, titular de la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala, utiliza su posición institucional para construir una estructura político-electoral con miras a obtener la candidatura de Morena a la gubernatura del estado, mientras el partido reitera públicamente su rechazo al uso de recursos públicos en procesos internos.
Durante una reunión de amigos en el municipio de Panotla, Meneses Hernández, confirmó dos reuniones con servidores del gabinete legal y ampliado, presidentes municipales y operadores políticos, en el Hotel Xiadani —sede del equipo de Lorena Cuéllar previo a la elección en 2021—, donde solicita respaldo para su proyecto personal. Afirmó que más del 50 por ciento del gabinete ya manifestó formalmente a la gobernadora su intención de apoyarlo.
"Ya tuvimos dos reuniones con un grupo de compañeros y compañeras que mayoritariamente son del gabinete legal y ampliado, del gabinete legal y ampliado han participado varios -en las reuniones-, yo calculo que poco más del 50 por ciento han manifestado con la gobernadora que quieren apoyar este proyecto", declaró.
Asimismo, detalla una ruta de operación y promoción personalizada, previa a los procesos legales de precampaña, lo que implicaría el uso de recursos materiales y logísticos del aparato estatal. Reconoció que será la propia gobernadora quien se encargue de levantar dos encuestas internas en el mes de agosto y octubre para “medir fuerzas” entre aspirantes, a fin de consultar la decisión con la dirigencia de Morena y la presidenta de la República.
"Ella -la gobernadora- tiene que ayudar a tomar una decisión a nivel nacional, tanto con la presidenta, como con el partido a partir de construir un proyecto que sea viable, que sea sólido".
La grabación exhibe el doble discurso que Morena ha planteado. Mientras en lo público pregona neutralidad institucional, desde el interior del gobierno se diseñan estrategias electorales anticipadas, lo que abre señalamientos por posibles violaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y al principio de imparcialidad que deben observar los servidores públicos antes y durante los procesos electorales.