Comerciantes denuncian hostigamiento y clausuras arbitrarias de la Coeprist





Un nuevo episodio de presunto abuso de autoridad golpea a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist), encabezada por Mónica Yazmín Jiménez Gutiérrez, señalada por comerciantes de distintos municipios de permitir prácticas irregulares que rayan en la corrupción.

Los dueños de negocios afirman que inspectores de la dependencia colocan sellos de clausura sin precisar las faltas, amparándose en notificaciones ambiguas que dejan a los establecimientos en la indefensión. En la práctica, los cierres se basan en interpretaciones arbitrarias y no en lo previsto en la normatividad sanitaria vigente.

Un comerciante de Tetla de la Solidaridad documentó en video cómo el personal de la Coeprist colocó sellos a su tienda sin explicaciones claras. En el material se observa a funcionarias identificadas como Ivette Maldonado Xocoyotl y Mildred Rivas Zempoaltecatl, quienes, en tono intimidante, rechazaron cualquier intento del propietario por aclarar la situación. Según el denunciante, el trasfondo es la negativa a entregar la conocida “cuota” que algunos inspectores exigen.

El señalamiento no es aislado. Diversos comerciantes aseguran que la Coeprist ha convertido sus inspecciones en un mecanismo de presión económica, más que en una acción preventiva de salud pública. Las notificaciones genéricas, redactadas sin sustento jurídico, permiten a los inspectores manipular la norma a conveniencia, debilitando la confianza en la institución que debería garantizar la protección sanitaria.

El problema central radica en la impunidad con que operan los funcionarios, bajo la complacencia de la titular Jiménez Gutiérrez, quien hasta ahora no ha transparentado ni corregido los procesos de inspección. Mientras tanto, los comerciantes acusan un ambiente de terrorismo regulatorio, donde la clausura se usa como castigo o moneda de cambio.

La Coeprist enfrenta así un cuestionamiento profundo: ¿es un organismo técnico dedicado a la protección de la salud o un aparato burocrático que, bajo el disfraz de legalidad, opera como recaudador paralelo mediante el hostigamiento?



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