Por Cristian Flores
La ingobernabilidad se suma a las características que definen al gobierno municipal de Tlaxcala encabezado por Alfonso Sánchez García. El conflicto en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ocotlán (CAPAO) detonó la inconformidad ciudadana y exhibió a un presidente municipal tímido, ausente y sin capacidad de respuesta ante las exigencias sociales.
En lugar de asumir su responsabilidad, Sánchez García se escondió, mientras su secretario del Ayuntamiento, Víctor Hugo Gutiérrez Morales, se sacrificó para estar en el banquillo de los acusados.
La CAPAO, dirigida por Víctor Garrido Lechuga, en conjunto con pobladores de Ocotlán, denunció la suspensión de sus labores y el intento del Ayuntamiento por asumir el control total de la comisión mediante la designación de un representante que administre los recursos.
Los ciudadanos exigen que los fondos sean manejados por Garrido y la propia comunidad, no por burócratas que operan bajo la sombra del presidente municipal.
La disputa no es menor. La CAPAO recauda cerca de un millón de pesos diarios, una auténtica mina de oro que cada administración qué pasa por la capital ambiciona controlar. ¿Está Sánchez García reuniendo recursos con miras a su campaña para la gubernatura de 2027?
El silencio del alcalde alimenta la desconfianza y fortalece la idea de que la transparencia no es prioridad en su gestión.
El actual presidente de comunidad de Ocotlán, Julio Buendía Martínez, fungió como titular de la CAPAO en 2022-2024 donde protagonizó la misma disputa contra el entonces alcalde Jorge Corichi. Entonces exigía autonomía para la comisión; hoy, desde otra trinchera, se disfraza de defensor de la legalidad. Su voltereta política es un claro ejemplo del doble discurso que ha deteriorado la confianza ciudadana.
Si bien la Ley Municipal y la Ley de Aguas Nacionales respaldan la decisión del Ayuntamiento de designar a un representante, lo cierto es que Sánchez García fracasó en mantener la gobernabilidad. El repudio ciudadano alcanzó tal magnitud que el propio secretario del Ayuntamiento terminó sentado en el banquillo de los acusados, exhibido como funcionario incapaz de sostener el orden institucional.
Este conflicto, apenas al primer año de gestión, augura un fracaso electoral para Morena en 2027 en la capital. El desgaste político y la falta de autoridad del alcalde debilitan cualquier proyecto futuro del partido en Tlaxcala.
Carta abierta
En el Congreso local, la diputada de Morena Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, presidenta de la Comisión de Seguridad, evidenció su mediocridad al desconocer qué instancias, además del INEGI, miden los índices de delincuencia.
Su desatino se volvió viral, ganándose el repudio en redes sociales. Urge que sus asesores —o su tía Catalina Flores— la orienten antes de volver a exhibirse.
Nos vemos la próxima semana en el Juego Sobre la Mesa.
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