De acuerdo a la Jornada, el gobierno de Estados Unidos, a través del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, señaló que la acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios mexicanos no será un caso aislado, sino el inicio de una ofensiva más amplia contra presuntos vínculos con el narcotráfico.
La imputación, presentada por el Departamento de Justicia, acusa a Rocha Moya y a nueve funcionarios (activos y retirados) de tráfico de drogas y posesión ilegal de armas, además de haber utilizado sus cargos públicos para favorecer al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos.
Según el documento, los implicados habrían incluso intervenido en procesos políticos mediante presiones, secuestros y manipulación, con el objetivo de asegurar posiciones de poder que beneficiaran al grupo criminal.
Legisladores estadounidenses advirtieron que se acabó la impunidad para quienes colaboren con el narcotráfico y que las investigaciones podrían extenderse a otros actores políticos en el futuro.