Redacción Entre Líneas Tlaxcala
La administración encabezada por Lorena Cuéllar Cisneros se convirtió una vez más en un represor que desalojo con gas lacrimógeno de campesinos y transportistas que mantenían bloqueada la carretera México–Veracruz, a la altura del municipio de Nanacamilpa.
El operativo, ejecutado por el cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, se llevó a cabo luego de más de 24 horas de bloqueo, lo que derivó en filas kilométricas de vehículos y afectaciones a miles de usuarios; sin embargo, la intervención, que incluyó el uso de gases lacrimógenos, ha sido señalada por diversos sectores como un acto de represión frente a demandas legítimas del campo y del transporte.
Testigos del lugar denunciaron que la fuerza pública actuó de manera desproporcionada, priorizando la liberación de la vía por encima del diálogo efectivo. Las imágenes del desalojo, que circularon en redes sociales, muestran momentos de tensión entre manifestantes y elementos de seguridad, quienes volvieron a utilizar la fuerza en manifestaciones.
En respuesta, el gobierno estatal emitió un posicionamiento oficial en el que defendió su actuación bajo el argumento de proteger el interés público y restablecer el orden. En el documento, se asegura que existían canales de diálogo abiertos y que incluso se habían pactado reuniones con autoridades federales y estatales en días próximos.
No obstante, el discurso institucional contrasta con los hechos. Señalan que la administración estatal, emanada de Morena, reproduce prácticas que históricamente ha cuestionado, al recurrir a cuerpos antimotines para contener la protesta social.
“El gobierno habla de diálogo, pero responde con gas”, señalaron inconformes, quienes acusan una falta de sensibilidad ante las problemáticas del campo. Además, cuestionan que, pese a reiterar el respeto al derecho a la manifestación, se criminalice la protesta bajo el argumento de afectaciones a terceros.