Opinión de Aldo Romero
Es verdad que los tiempos políticos actuales exigen ajustes a nuestra Constitución. Tener leyes obsoletas no garantiza el correcto funcionamiento del sistema; por lo contrario, debilitan la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones, los procesos y los gobiernos.
De cara a los comicios de 2027, es innegable la necesidad de una Reforma Electoral para Tlaxcala, pues hoy en día vemos cómo la actual Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales está lejos de permitir una verdadera democracia participativa, justa e inclusiva.
Pero impulsar una Reforma Electoral de gran calado no es tarea sencilla. La Reforma Electoral que no fue (me refiero al “Plan A” de Claudia Sheinbaum) nos recordó una cruda realidad: las reformas de ese tipo no se construyen con propuestas ciudadanas; se hacen a modo y anteponiendo los intereses de las élites.
Hoy en Tlaxcala vemos un nuevo intento de impulsar una reforma en materia electoral, con la promesa de que será construida con propuestas de todos los sectores sociales.
Quien abandera la causa, que considero justa, necesaria y urgente, es nada más y nada menos que el diputado suplente Silvano Garay Loredo, hijo del mandamás del Partido del Trabajo (PT) en Tlaxcala, Silvano Garay Ulloa. De entrada, el antecedente de nepotismo en el promotor no es un buen indicio para un cambio en el panorama electoral local.
Como presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado, Garay Loredo puso en marcha lo que denominó “Mesas Ciudadanas para la Reforma Electoral”. La intención es positiva, pero hay señales de que podría quedar solo en buenas intenciones.
Está muy bien que los legisladores hagan su chamba, pero seamos honestos: el oficialismo, y me refiero al lorenismo, no tiene en sus planes promover, respaldar o avalar una Reforma Electoral a corto plazo.
¿Peca el diputado de ingenuidad al no considerar ese aspecto fundamental? Para Garay Loredo, el simple hecho de que no le hayan obstaculizado la realización de dichas mesas desde el interior del Congreso es un indicativo de que cuenta con el aval del lorenismo.
Garay Loredo lo dice así: “son más los que votan que por los que se vota”, pero se olvida, o no quiere reconocer, que en el sistema político-electoral mexicano es solo una cúpula la que al final decide sobre estos temas.
Por eso no hace falta ser un experto analista en temas políticos para darse cuenta de que no hay un respaldo sólido para empujar una Reforma Electoral local. En estos momentos no le conviene al lorenismo. Muestra de ello es el desaire que Morena le hizo a Garay Loredo al no enviar a un representante a la primera mesa, en la que hubo un careo entre representantes de diferentes fuerzas políticas.
José Félix Solís Morales, representante del PAN, quien fue el único que no simuló su participación ni leyó textos genéricos sobre la democracia, lanzó una observación que llamó la atención: “en Tlaxcala hay caos en materia electoral y ese caos le conviene al poder”.
Lo que dijo es verdad. Lo vimos recientemente con la sumisión total del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) ante el gobierno, así como su parcialidad con el delfín del lorenismo, pese a las pruebas por actos anticipados de campaña. Todos los vacíos que existen en la ley actual y las ambigüedades son usados a favor del lorenismo, su delfín y el partido hegemónico; así es como ostentan un control electoral.
Vuelvo a señalar: si no hay respaldo del grupo que ostenta el control político en el estado, no habrá Reforma Electoral. A Lorena y a Morena no les conviene cambiar las reglas del juego.
Se podrán hacer mil mesas para abonar a la construcción de una Reforma Electoral, pero mientras no exista un interés real por parte de la élite local de garantizar la autonomía del árbitro electoral, dejar de usar las acciones afirmativas a conveniencia, evitar sancionar de forma ejemplar los actos anticipados de campaña y la intervención del gobierno en procesos electorales, así como dejar de invisibilizar a sectores históricamente marginados, entre otros temas de urgente atención en la materia, en Tlaxcala no habrá cambio alguno. La democracia seguirá sin ser participativa, justa e inclusiva.