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El Órgano de Fiscalización Superior (OFS) observó un probable daño a la Hacienda Pública por 1 millón 200 mil pesos al gobierno municipal de Apizaco, gobernado por Javier Rivera Bonilla, derivado de presuntas irregularidades en la ejecución del programa "Fortalecimiento al Campo de Apizaco y sus Comunidades", implementado durante el ejercicio fiscal 2025.
De acuerdo con el informe de fiscalización, el municipio realizó el 4 de abril de 2025 una transferencia por 1.2 millones de pesos a favor de Graciela Herrera Ramírez para la adquisición de 490 bultos de semilla de maíz híbrido, destinados a productores agrícolas del municipio.
Sin embargo, durante la auditoría, el OFS detectó inconsistencias en la operación del programa. Mediante entrevistas a beneficiarios y al servidor público responsable, determinó que los productores afirmaron haber realizado pagos para recibir las semillas, mientras que el funcionario municipal señaló que los agricultores pagaban 2 mil 450 pesos por cada saco de maíz y el Ayuntamiento entregaba un segundo bulto de manera gratuita, además de un paquete tecnológico.
Estas declaraciones, señala el órgano fiscalizador, contradicen la convocatoria oficial del programa, en la que se establecía que el municipio otorgaría gratuitamente un bulto de semilla de entre 19 y 20 kilogramos y un paquete tecnológico, con un límite de hasta tres bultos por productor, sin contemplar aportaciones económicas por parte de los beneficiarios.
Aunado a ello, el OFS revisó la contabilidad municipal sin encontrar evidencia de que los recursos presuntamente pagados por los productores hubieran sido registrados como ingresos de la Tesorería Municipal, por lo que advirtió una omisión en el registro de esos recursos públicos.
La auditoría también reveló que el Ayuntamiento no integró los estudios socioeconómicos que acreditaran que los beneficiarios cumplían con los requisitos para acceder al programa, documento considerado indispensable para justificar la entrega de apoyos sociales conforme a la normatividad vigente.
Otro de los hallazgos corresponde a la revisión de contratos de arrendamiento presentados por productores beneficiados. El OFS detectó que 71 agricultores acreditaron la posesión de tierras mediante contratos celebrados con cinco arrendadores, cuatro de ellos con vínculos familiares entre sí, quienes concentraron la entrega de 211 de los 490 bultos de semilla distribuidos por el programa.
Además, identificó un caso en el que uno de los propietarios arrendó 12 hectáreas a distintos productores, pese a que la superficie total de su predio es de 7.22 hectáreas, por lo que el órgano fiscalizador consideró que dichos contratos pudieron elaborarse únicamente para cumplir con los requisitos administrativos y acceder a los apoyos.
Como parte de la revisión, el OFS también advirtió un posible conflicto de interés, al identificar que José Amado Vázquez Armenta, accionista de una empresa proveedora de combustibles del Ayuntamiento, habría mantenido operaciones comerciales con el municipio por más de 1.4 millones de pesos durante el mismo periodo, situación que, a juicio del órgano fiscalizador, podría afectar la imparcialidad en la ejecución del programa y derivar en posibles responsabilidades administrativas.
Ante estas observaciones, el OFS determinó que el gasto por 1 millón 200 mil pesos carece de la justificación suficiente y ordenó al gobierno municipal de Javier Rivera reintegrar ese monto a las cuentas municipales, salvo que logre solventar las irregularidades detectadas durante el proceso de revisión de la cuenta pública 2025.
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