Redacción | Entre Líneas Tlaxcala
Esta mañana, el Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó el Decreto
155, con el cual eliminó del texto constitucional al Instituto de Acceso a la
Información Pública (IAIP), órgano autónomo responsable de garantizar el
derecho a la información y la protección de datos personales. Aunque aún no se
ha definido si el instituto será suprimido totalmente o absorbido por otra
instancia, su base legal desapareció, dejando un vacío institucional que
compromete la transparencia.
La reforma fue avalada por 39 de los 60 ayuntamientos del
estado, cumpliendo así con el requisito de mayoría para modificar la
Constitución local. El proceso se llevó a cabo sin debate público amplio ni
consulta ciudadana, lo que ha generado preocupación en distintos sectores
sociales.
Para organizaciones civiles, académicos y ciudadanos
críticos, esta decisión representa un retroceso peligroso en materia de
transparencia y rendición de cuentas. La eliminación del IAIP de la
Constitución no solo debilita las herramientas para vigilar al poder, sino que
envía un mensaje claro, que los gobiernos ya no consideran prioritario rendir
cuentas a la ciudadanía.
En un país con altos niveles de corrupción y opacidad en el
manejo de los recursos públicos, la desaparición de órganos garantes de acceso
a la información no solo reduce el control ciudadano, sino que consolida
prácticas autoritarias.
La eliminación del IAIP ocurre en un contexto nacional donde
el Gobierno de México ha mostrado una tendencia clara hacia la concentración
del poder, el debilitamiento de los órganos autónomos y el rechazo a los
contrapesos institucionales. Desde la Presidencia se ha promovido la idea de
que los órganos independientes son innecesarios, cuando en realidad su función
es garantizar derechos y evitar abusos.
La decisión del Congreso de Tlaxcala se alinea con esta
lógica autoritaria. Eliminar la base legal del órgano que obliga a
transparentar el uso de recursos públicos demuestra que no existe voluntad de
ser fiscalizados ni de abrir la administración pública al escrutinio social.