Sánchez García evade la ley de declaración patrimonial desde 2021

A ello se suma su participación accionaria en dos empresas inmobiliarias: Desarrolladora Casa Uno SA de CV, donde posee 28 por ciento, y Desarrolladores de Vivienda Tlaxcalteca SA de CV, en la que tiene el 46 por ciento



Redacción Entre Líneas Tlaxcala 

El presidente municipal de Tlaxcala y aspirante a la gubernatura en 2027 por Morena, Alfonso Sánchez García, mantiene opacidad patrimonial desde hace cuatro años. De acuerdo con los registros del sistema DeclaraNet, la última vez que presentó una declaración de situación patrimonial y de intereses fue el 22 de febrero de 2021, cuando fungía como Delegado de la Secretaría de Gobernación en Tlaxcala.

Desde entonces, no existe ningún registro público posterior, ni al dejar el cargo federal, tampoco cuando fue titular de la Secretaría de Infraestructura del gobierno de Lorena Cuéllar, ni durante su administración como alcalde de la capital, pese a que la legislación federal y estatal establece que todos los servidores públicos deben actualizar su información patrimonial al inicio, modificación y conclusión de sus funciones.

El sistema DeclaraNet —plataforma administrada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno— es la herramienta obligatoria para presentar estas declaraciones, conforme a los artículos 108 de la Constitución, y 32, 33, 46 y 49 fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.


En el caso de Sánchez García, dicho registro no muestra ninguna declaración posterior a 2021, a pesar de haber asumido la presidencia municipal en 2024.

La declaración patrimonial presentada en 2021 —la última disponible— revela que Alfonso Sánchez García posee un patrimonio consolidado principalmente en el sector inmobiliario. En ese documento reportó tres inmuebles a su nombre: una casa adquirida en 2016 por 4.9 millones de pesos, un departamento comprado en 2013 por 2.94 millones, y una casa recibida por donación en 2019 valuada en 774 mil pesos. A ello se suma su participación accionaria en dos empresas inmobiliarias: Desarrolladora Casa Uno SA de CV, donde posee 28 por ciento, y Desarrolladores de Vivienda Tlaxcalteca SA de CV, en la que tiene el 46 por ciento. Entre ambas sociedades declaró inversiones superiores a los cinco millones de pesos en la compra de acciones realizadas a lo largo de varios años. En materia vehicular, el único bien reportado en 2021 fue una Honda CRV i-Style modelo 2015, adquirida mediante crédito por 359 mil 900 pesos.

Pese a que no ha presentado una actualización patrimonial, durante su administración municipal Sánchez García ha sido visto utilizando vehículos cuyo valor representa adquisiciones significativas. Primero empleó una camioneta Ford Maverick 2025, con un rango de precio que va de 737 mil 100 a 877 mil 100 pesos, y recientemente cambió a una camioneta JAECO Inspire, de fabricación china, cuyo costo oscila entre 649 mil 900 y 699 mil 900 pesos. Sin una declaración patrimonial vigente, no es posible conocer si estas unidades fueron compradas con recursos propios, mediante financiamiento, arrendamiento o si son propiedad del Ayuntamiento.

A pesar de su creciente exposición pública y del impulso que ha dado a su perfil rumbo a la elección de 2027, su administración en la capital se ha caracterizado por rezagos en servicios básicos, deficiencias administrativas señaladas por el propio Ayuntamiento y por órganos fiscalizadores, además de la falta de resultados en proyectos estratégicos comprometidos al inicio de su gestión. Todo ello ha alimentado la percepción de que la presidencia municipal funciona más como un trampolín político que como un gobierno que de resultados.

La falta de declaraciones patrimoniales adquiere particular relevancia porque Sánchez García administra recursos públicos, está sujeto a controles anticorrupción federales y locales, y se encuentra en plena ruta hacia la gubernatura. 

La legislación establece que todo servidor público debe transparentar periódicamente la evolución de su patrimonio, incluidas inversiones, donaciones, compras o posibles conflictos de interés. Sin esa información, la ciudadanía no tiene acceso a datos actualizados sobre la evolución de sus bienes, movimientos financieros recientes, participación en empresas o adquisiciones realizadas durante su mandato, lo que profundiza un entorno de opacidad justo en un momento en que su carrera política se encuentra en expansión.


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