Cuestionan actuación del Congreso pese a suspensiones judiciales vigentes.
Opinión
En medio de una fuerte controversia jurídica, el Congreso del Estado aprobó equivocadamente la inhabilitación de integrantes del Cabildo de Contla de Juan Cuamatzi durante una sesión privada que ha generado cuestionamientos por la rapidez con la que fue convocada y por realizarse sin exposición pública del debate.
Diversos actores en materia de derecho sostienen que la resolución se emitió mientras continúan vigentes recursos judiciales por parte de la máxima instancia de justicia federal relacionados con el caso, por lo que consideran que el asunto aún no se encuentra definitivamente resuelto, es más no procede y resulta ridículo que a pesar de que les dijeron que no siguen en necedad incurriendo en la inconstitucionalidad, desacataron la controversia 38/2019 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobando una inhabilitación al cabildo de Contla en medio de cuestionamientos de una manera veloz como si los perseguidos políticos fueran ellos.
Las críticas también se centran en la forma en que fue desarrollada la sesión legislativa, señalando que fue convocada de manera acelerada y que existieron inconformidades de algunos legisladores respecto al procedimiento seguido para la discusión del tema. Se señala que tras perder facultades de fiscalización que durante años fueron usados como garrote político ahora buscan a recurrir a juicios políticos para alcanzar objetivos similares por otras vías. Esto apunta a presuntas operaciones políticas dentro del Congreso para influir en el voto de los legisladores, donde las voces no se callaron, muchos participes señalaron ser convocados por la diputada número 26 y dirigente actual de MORENA estatal quien usurpó el nombre de la gobernadora Lorena Cuéllar diciendo que era instrucción de ella.
Entre los argumentos expuestos por quienes rechazan la resolución se encuentra la interpretación de la Controversia Constitucional 38/2019, relacionada con la integración y facultades de los órganos de gobierno municipal en Contla. Según esta postura, el Congreso habría realizado una interpretación errónea respecto a la figura de los presidentes de comunidad y su relación con el Cabildo, , los presidentes de comunidad no forman parte del cabildo, el error máximo del congreso es desconocer la constitución y tratar a un presidente de comunidad en posición de regidor cuando solo es integrante de un ayuntamiento el cuál si puede ser suspendido ya que el artículo 115 constitucional avala la autonomía libre de un ayuntamiento y quiénes realmente integran dicho cabildo mencionado con derecho a voz y voto.
Asimismo, se ha señalado que, tras las modificaciones legales y criterios jurisdiccionales que limitaron determinadas facultades de fiscalización ilegalmente ejercidas anteriormente por el Poder Legislativo, algunos sectores perciben que el juicio político está siendo utilizado como un nuevo mecanismo de presión política.
También han surgido señalamientos sobre presuntas gestiones políticas realizadas para influir en el sentido de la votación de los diputados, afirmaciones que forman parte del debate público generado tras la aprobación de la resolución. A pesar de la decisión tomada por el Congreso, diversos observadores consideran que la medida enfrenta importantes obstáculos jurídicos para su ejecución, por lo que prevén que la última palabra corresponderá a los tribunales federales y a las instancias constitucionales competentes.
Para sus críticos, el caso podría convertirse en un nuevo episodio de confrontación entre el Poder Legislativo y los órganos jurisdiccionales, ya que el Congreso actuó fuera de las facultades que le confiere la ley.
En conclusión, su actuar político no procederá y no podrán ejecutar su resolución siendo exhibidos a nivel nacional nuevamente como cuando realizaban revisión de recursos federales de manera inconstitucional.
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