Por Aldo Romero
Se consumó la entrega del Poder Judicial al lorenismo. Con el lema “Tlaxcala, una nueva historia de justicia social”, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros puso a su servicio a los impartidores de justicia electos, que el próximo primero de septiembre tomarán protesta para conformar el nuevo, ideológico, político y populista Poder Judicial.
En las instalaciones del Órgano de Fiscalización Superior, el pasado viernes 22 de agosto, el aparato gubernamental y partidista organizó un evento para hacer el pase de lista de las nuevas juezas, jueces, magistradas y magistrados. Evento que, desde ojos críticos, fue visto como el acto que concreta la sumisión del único poder que hasta hace unos meses fue realmente oposición al proyecto obradorista y a la denominada Cuarta Transformación.
Ver a los funcionarios lorenistas y a la dirigente de Morena, Marcela González Castillo, en dicho evento, tomándose fotos con los nuevos juzgadores, resultó hasta cierto punto ofensivo. Parecía más un evento de la agenda gubernamental… No quedaba más de la división de poderes; el acto gubernamental perfecto para dictar línea y recordarles a los nuevos integrantes del Poder Judicial gracias a quién llegaron y a quién deberán obedecer.
Nos queda claro que la Reforma Judicial no es como la prometieron. Se trató solo de la entrega del aparato de impartición de justicia a los intereses políticos e ideológicos de la Cuarta Transformación; el fin de la República, para muchos.
Como lo dijo el magistrado de circuito en retiro, Osiris Cedeño: “Se van los juristas, llegan los populistas; adiós técnica, hola ideología”. En Tlaxcala se van los juristas y llegan los lorenistas.
Dictaminar una cuenta pública; ¿Instrumento obsoleto en el combate a la corrupción?
En tiempos de la mentada 4T, donde la máxima es la cero impunidad y el combate frontal a la corrupción, es obligado preguntarnos: ¿Es obsoleto el proceso de dictaminación de cuentas públicas? ¿En verdad sirve de algo?
Porque la verdad, nada cambia si una cuenta resulta reprobada por millones de pesos con daño patrimonial. Nada cambia si una administración resulta con casos de nepotismo. Nada cambia si se confirma que los servidores públicos que tuvieron bajo su responsabilidad el ejercicio presupuestal no realizaron una gestión razonable de acuerdo con las disposiciones legales, contables y administrativas para la aplicación de los recursos.
Las 140 denuncias que el OFS ha presentado, desde 2017 hasta la fecha, contra ex servidores públicos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado y ante el Tribunal de Justicia Administrativa, demuestran que no existe el combate frontal a la corrupción.
De acuerdo con el mismo OFS, de esas denuncias, solo entre un 10 y 15 por ciento han procedido en sanciones. El auditor Arturo Salas Miguela lo reconoce: el porcentaje de servidores sancionados es bajo, lo que hace evidente la necesidad de reformar la normativa, a fin de que la fiscalización a los entes públicos sea más estricta.
Pero también es cierto que el OFS es muy permisivo con estos entes fiscalizables. Incluso, una vez concluida la dictaminación por parte del Congreso, les otorga otra oportunidad de justificarse y de intentar subsanar las irregularidades que ya se les observaron y comprobaron en un inicio. Entonces: ¿cuál combate a la corrupción? ¿Cuál cero tolerancia?
Este proceso, que ya es tachado de absurdo, sigue siendo una espada de Damocles para aquellos que no se alinean a una política gubernamental. Solo se sanciona con fines políticos. No es nada más y nada menos que el combate a la corrupción al estilo Cuarta Transformación.
Las opiniones escritas por columnistas son independientes y no reflejan necesariamente la postura editorial de Entre Líneas Tlaxcala.
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