Cristian Flores y Aldo Romero
Una ciudadana denunció presuntas omisiones en el trabajo de la agente del Ministerio Público, Guadalupe Rayos Santillanes, adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), a quien acusa de retrasar y obstaculizar un proceso judicial en el que ella y su hijo menor de edad aparecen como víctimas.
De acuerdo con la denuncia, los hechos se remontan a enero de 2024, cuando madre e hijo habrían sido víctimas de lesiones cometidas por servidores públicos del municipio de Calpulalpan. La afectada presentó su denuncia formal y tras once meses de espera, en diciembre de ese mismo año, la carpeta de investigación fue judicializada.
La denunciante asegura que el trámite dio un giro inesperado, pues la agente del Ministerio Público omitió incluir en la solicitud de audiencia los domicilios de las partes, requisito establecido en la ley procesal. Como resultado, el juez ordenó subsanar la omisión.
Según el testimonio, no fue sino hasta el 2 de julio de 2025 cuando la funcionaria entregó la información solicitada, y solo de manera parcial, ya que únicamente proporcionó los domicilios de los investigados y no de las víctimas. Este retraso ocurrió pese a que, mediante escritos presentados al juez, el asesor jurídico de la denunciante pidió que la funcionaria fuera apercibida para cumplir con sus obligaciones.
Ante esta situación, la víctima afirma que informó de manera formal a la vicefiscalía, a la fiscal general y al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, sin que hasta el momento existan respuestas efectivas a sus quejas.
La ciudadana señala también que, tras su inconformidad, se inició un procedimiento administrativo en la Visitaduría de la FGJE contra la agente, pero asegura que dicho proceso no ha mostrado avances.
En la documentación revisada por la víctima, se establece que Guadalupe Rayos Santillanes ingresó a la FGJE en abril de 2024, lo que, según expone, refuerza sus dudas sobre la experiencia y preparación técnica de la funcionaria.
Finalmente, la denunciante cuestiona si el ingreso de la agente se realizó cumpliendo con los requisitos del Servicio Profesional de Carrera, y advierte que su actuación ha tenido como consecuencia el freno en la búsqueda de justicia para las víctimas, mientras el proceso judicial contra los señalados permanece detenido.