Editorial | Entre Líneas Tlaxcala
La corrupción en México no es un mal menor; es una fuerza estructural que distorsiona la economía, vacía las instituciones y mina la confianza social. Según Transparencia Internacional, el país ocupa el lugar 126 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2023, una posición estancada que refleja décadas de avances progresistas. Los datos del INEGI reportan qué para el 90.7% de los ciudadanos, la corrupción es un acto frecuente, y el 89.3% de sus víctimas renuncia a denunciar por considerar el proceso inútil o por temor a represalias. Este silencio forzado alimenta un ciclo de impunidad donde, según el Índice Global de Impunidad, menos del 1% de los delitos culmina en una sentencia condenatoria.
Estimaciones del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas señalan que el flagelo le cuesta al país entre el 5% y el 10% de su Producto Interno Bruto anual. Estos recursos, sustraídos de la inversión pública, se traducen en hospitales sin medicamentos, escuelas precarias y carreteras inseguras. La corrupción es, en esencia, un mecanismo de transferencia de riqueza pública hacia bolsillos privados, que profundiza la abismal desigualdad y niega derechos básicos a millones.
Frente a este panorama, el hecho más revelador no es la persistencia del problema, sino la capacidad de resistencia de la sociedad mexicana. Los mexicanos han desarrollado un complejo instinto de supervivencia frente a un sistema que frecuentemente les es hostil. Esta resiliencia se manifiesta en la economía informal, que emplea a más de la mitad de la fuerza laboral como un dique de contención contra la exclusión; en las redes de solidaridad comunitaria que suplen las carencias del Estado.
La energía que la sociedad dedica a resistir y eludir la corrupción es energía que se resta para innovar, crecer y construir. La salida requiere transformar esa resiliencia reactiva en una fuerza proactiva de cambio. Esto exige ir más allá de las leyes —que ya existen— para garantizar su aplicación implacable y sin excepciones. Implica proteger con decisión a periodistas y denunciantes, fortalecer la autonomía de los órganos fiscalizadores y, sobre todo, cultivar desde la familia y la escuela una ética pública donde la honestidad no sea un acto heroico, sino la norma esperada.
Los mexicanos han demostrado una y otra vez que pueden sobrevivir a la corrupción.