Dos años sin justicia para Erika, policía asesinada en Apetatitlán; exalcalde pide celeridad en el caso



Redacción | Entre Líneas Tlaxcala

Luego del asesinato de Erika, oficial de la policía municipal de Apetatitlán que murió enfrentando a hombres armados durante un operativo, su caso sigue sin resolverse en términos legales. Aunque el hecho fue calificado como un acto de servicio, la indemnización y los seguros que por ley corresponden a sus tres hijos menores siguen sin ser liberados.

El exalcalde de Apetatitlán y hoy dirigente estatal del PAN, Ángelo Gutiérrez Hernández, quien estaba al frente del ayuntamiento cuando ocurrió el ataque, emitió un posicionamiento público en el que aseguró que la memoria de Erika merece justicia, y sus hijos, garantías de protección.

En entrevista para Entre Líneas Tlaxcala, señaló que “Erika no murió, la mató el deber. Cayó defendiendo a su comunidad. Lo que hizo no fue solo heroico; fue un acto de auténtica vocación por el servicio público”. Sostuvo que desde su administración se ofreció apoyo inmediato a la familia como recursos económicos, víveres y acompañamiento institucional.

El proceso legal para el cobro de la indemnización, así como el seguro de vida y los gastos funerarios, se encuentra en manos del Tribunal de Justicia Administrativa. De acuerdo con Gutiérrez, no es un tema político, sino jurídico, y su resolución ha enfrentado obstáculos derivados del entorno familiar y la tutela de los menores.

“El trámite inició cuando el Juzgado Familiar otorgó la tutela a la abuela materna, en un contexto en el que también hay familia paterna. A partir de ahí, la familia contrató un despacho jurídico particular. Nosotros entregamos toda la documentación requerida por el Tribunal en tiempo y forma”, afirmó.

El exalcalde hizo un llamado a las autoridades judiciales para que el caso se resuelva con celeridad, sensibilidad y respeto a los derechos de los menores. También reiteró su compromiso personal con ellos: “Los seguiré acompañando hasta que sean mayores de edad. Hay promesas que no se rompen”.

Para Gutiérrez Hernández, la muerte de Erika representa una deuda institucional: “Ella dio su vida por protegernos. Hoy nos toca a todos proteger la dignidad de su memoria y el futuro de sus hijos”.

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