Una “Identidad que transforma”, como presume el eslogan oficial, pero que en la práctica solo ha transformado la seguridad pública en un instrumento de abuso de poder.
Cristian Flores
En Chiautempan, el abuso de poder por parte de elementos de seguridad municipal se ha convertido en un acoso sistemático contra los conductores del transporte público que circulan por el municipio gobernado por Blanca Angulo Meneses. La extorsión, las amenazas y las detenciones arbitrarias forman parte del día a día en las calles, reflejando un municipio donde la ley dejó de aplicarse con justicia.
Transportistas denunciaron a Entre Líneas Tlaxcala que policías de vialidad y de género actúan con absoluta impunidad en distintos puntos del municipio, particularmente en el paradero de la avenida La Paz, donde rutas como Santa Cruz Tlaxcala Tlaxcala, Ocotlán–Santa Ana, Amaxac–Tlaxcala y Contla–Santa Ana, son hostigado por los oficiales, quienes amenazan a los choferes con enviar sus unidades al corralón sin causa justificada.
Conductores señalaron que “los policías exigen entre 200 y 500 pesos para evitar las infracciones”, lo que viola los principios de honradez y respeto a los derechos humanos establecidos en el artículo 65 de la Ley de Seguridad de Tlaxcala.
En algunas boletas de infracción, los policías citan el artículo 90 del Reglamento de Tránsito y Vialidad Municipal, el cual prohíbe a las rutas estatales qué transitan por el municipio no hacer base; sin embargo, en varios casos las unidades han sido enviadas al corralón sin argumentó legal. El propio reglamento, en su artículo 103, inciso “g”, establece que solo procede la remisión cuando el vehículo carece de placas, representa un riesgo para la seguridad del conductor, es de procedencia extranjera sin permiso, el operador conduce en estado de ebriedad o se niega a entregar la tarjeta de circulación.
El artículo 100 exige que los elementos se identifiquen, actúen con respeto y cumplan las formalidades al infraccionar. Tampoco se cumple. Testimonios coinciden en que las amenazas sustituyen la legalidad.
Los choferes también denuncian que son sancionados por no respetar las paradas, aunque el propio municipio no cuenta con señalética ni cajones de ascenso y descenso, como exige la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Tlaxcala. Este reglamento establece la obligación de contar con paradas autorizadas, carriles preferentes y condiciones adecuadas para el transporte público, disposiciones que el ayuntamiento ignora por completo.
El problema se agrava por la falta de profesionalización del cuerpo policiaco. De acuerdo con el Informe Individual de la Cuenta Pública 2024, correspondiente al periodo de agosto a diciembre —los primeros cuatro meses de gobierno de Angulo Meneses—, el propio ayuntamiento informó al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) que solo 22 de 123 policías poseen el Certificado Único Policial (CUP); únicamente uno aprobó la evaluación de control de confianza; ninguno cuenta con exámenes toxicológicos, y de 67 armas oficiales, solo 39 elementos tienen licencia para portarlas.
El municipio también admitió la ausencia total de capacitación en protocolos básicos de actuación y seguridad ciudadana, lo que contradice el artículo 12 del reglamento municipal, que obliga a los cuerpos policiacos a vigilar y respetar los derechos humanos.
Los abusos no comenzaron con la gestión actual. Transportistas aseguran que desde el gobierno de Gustavo Jiménez Romero la prepotencia policial se mantiene como constante. Cambian los mandos, pero la corrupción persiste.
Hoy, la policía municipal actúa bajo el amparo de la presidenta morenista Blanca Angulo Meneses, consolidando a Chiautempan como un municipio donde ni la ley ni los derechos ciudadanos se respetan. Una “Identidad que transforma”, como presume el eslogan oficial, pero que en la práctica solo ha transformado la seguridad pública en un instrumento de abuso de poder.
