Cristian Flores
Los vehículos oficiales de la Dirección de Seguridad Pública de Chiautempan transitan de manera irregular por las calles del municipio. Las patrullas carecen de placas de circulación, una omisión que las coloca en situación de ilegalidad y vulnera los reglamentos de tránsito que la propia autoridad está obligada a hacer cumplir.
Esta anomalía administrativa no es reciente, pues en la administración del ex presidente municipal Gustavo Jiménez Romero, hubo unidades que no contaban con el emplacamiento correspondiente y seguían en servicio. El actual gobierno, encabezado por la morenista Blanca Angulo Meneses, ha mantenido estos vehículos en las mismas condiciones, sin corregir la irregularidad.
La responsabilidad de regularizar el parque vehicular recae en el síndico municipal, Cristóbal Cruz Cruz, en su función de representante legal del ayuntamiento. A un año de gobierno, la sindicatura no ha ejecutado las acciones necesarias para iniciar el proceso de emplacamiento, lo que perpetúa una falta administrativa.
La grave omisión compromete la seguridad de terceros, pues ante un accidente de tránsito, la falta de placas anularía la cobertura de daños. En un escenario de daños a terceros, el ayuntamiento tendría que asumir los costos con recursos públicos, o los afectados quedarían sin indemnización.
La presidenta municipal, Blanca Angulo, tiene la atribución de destinar partidas presupuestales para este fin dentro del Presupuesto de Egresos; sin embargo, la gestión de los recursos para el emplacamiento no aparece como una prioridad en su administración.
Esta situación proyecta una imagen de incongruencia institucional. Mientras la autoridad exige a la ciudadanía el estricto cumplimiento de los reglamentos de tránsito, sus propias unidades operan bajo la sombra de la ley. La falta de placas en las patrullas genera desconfianza entre la población y cuestiona la capacidad del gobierno municipal para sujetarse al marco legal que lo rige.
El ayuntamiento de Chiautempan convierte así a sus vehículos de seguridad en un símbolo de impunidad, donde la autoridad responsable de garantizar la legalidad prefiere operar con patrullas “pirata o patito”, en lugar de corregir una anomalía que pone en riesgo a la ciudadanía y erosiona la credibilidad de la alcaldesa al prometer en su toma de protesta, hacer guardar y cumplir la ley.